El Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) del 17 de junio lo explica claramente. «La ampliación de capital durará como máximo dos meses desde la finalización de la primera fase». Esa fue la condición que el Consejo de Administración del Racing puso después de que la operación fuese aprobada en la Junta General Extraordinaria celebrada tres días antes. El 17 de julio concluyó esa primera fase, por tanto la ampliación debería haber concluido este pasado martes. Sin embargo, ayer por la mañana, el Consejo anunció a través de un comunicado una vuelta de tuerca más al asunto y prorrogó el plazo trece días, hasta el 30 de septiembre. Una decisión que, aunque no sorprendió a los pequeños accionistas, que se esperaban «cualquier cosa», fue calificada de «ilegal» y «caciquil» y contra la que han anunciado «acciones legales».
La intención del Consejo de Administración que preside Ángel Lavín es terminar de convencer en este tiempo a un inversor capitalista que invierta en el Racing. Sólo así se explica esta prórroga. La caótica situación económica de la entidad obligó a la directiva, nada más llegar al cargo, a plantear una ampliación de capital. Buscaban un parche para pasar la temporada: 4,5 millones de euros. Pero el proceso estaba abocado al fracaso.
Desde un primer momento, los pequeños accionistas se negaron a participar en una ampliación que ha estado tutelada de forma arbitraria por el Consejo de Administración. La misma se aprobó en una Junta General donde el auditor contratado por la directiva presentó unas cuentas con un desfase de un millón de euros, que atribuyeron «a una errata»; tras la finalización de la primera fase, la ampliación fue paralizada varios días en contra de lo publicado en el Registro Mercantil; el presidente Lavín y el abogado Juan Antonio Berdejo trataron de comprar a Isabel Bolado su paquete accionarial «para controlar el proceso», denunció el entorno de la empresaria cántabra; y cuando el brasileño Aurelio Almeida acudió al banco con un supuesto cheque de 4,5 millones, el día en el que se reinició la operación, el Consejo no lo aceptó... Decisiones todas ellas que chocan con el eslogan con el que se presentó a los medios de comunicación la ampliación de capital: 'Un proceso abierto y trasparente'.
Además, la forma en la que el club ha informado a todos sus accionistas también ha sido peculiar. Tras el silencio absoluto del martes, cuando concluía el plazo, la página web del Racing registró a primera hora de la mañana de ayer el comunicado donde anunciaba la decisión, en un principio sin plazo fijo. Después, tras las protestas de algún pequeño propietario que se acercó hasta las oficinas del club, colgaron otro donde se especificaba que la fecha de conclusión exacta sería el 30 de septiembre.
En este documento, el Consejo de Administración expone el motivo del retraso. «Ayer (por el martes) no se había cubierto el mínimo de capital social que exige la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, que en el caso del Racing asciende a 1.478.946,54 euros, y por debajo de esa cifra no es posible aprobarla». Ante esta situación, continúa el documento, «la única alternativa para mantener viva la posibilidad de que alguien quiera aportar dinero como capital, era prorrogar el plazo». Además, afirma que «de esta decisión y de todo el proceso se dará cuenta a la Comisión de Seguimiento del Convenio de Acreedores en una reunión que se ha convocado la próxima semana».
Sin embargo, todos los juristas consultados por este periódico creen que el Consejo se ha excedido en sus funciones. El órgano que preside Lavín podría haber anulado la ampliación, como recogen las bases del Registro, haber puesto en marcha otra, pero nunca prorrogarla sin antes consultarse a los accionistas para que lo aprobasen o no en una nueva Junta General. Una de las vías que podrían haber utilizado es acordar el acuerdo tras una reunión del Consejo -la mayoría de sus integrantes no residen en España- y trasladar su decisión al Registro Mercantil, aunque los expertos creen «que el Registro nunca inscribirá una aberración como esta».
La decisión de los Asociación de Exjugadores de ingresar 18.000 euros, unidos a los otros 10.000 aportados por los pequeños accionistas en las dos primeras fases, podrían haber descolocado al Consejo, que habría perdido la mayoría accionarial que ostentaba gracias a los títulos de Alí Syed.
«Se ríen de los acreedores»
La ampliación de capital comenzó con el fantasma de la liquidación «si la operación no se cubría», en una época donde el Consejo aseguraba no estar buscando un inversor. Sin embargo, en las últimas semanas, la directiva verdiblanca, sobre todo el expresidente Francisco Pernía, se ha estado empleando a fondo para hallar un socio capitalista. Incluidos decenas de rumores interesados, con nula o poca cercanía con la realidad. No han tenido éxito en su búsqueda de inversor, pero ahora disponen de un tiempo extra para completar la tarea.
Las esperanzas de que los accionistas acudan a la prórroga es nula. Las fases desarrolladas hasta el pasado martes, como informó ayer el club, se han saldado con poco más de 30.000 euros suscritos en 2.028.241.821 acciones.
Aunque hace tiempo que los pequeños propietarios se han dejado de sorprender por las decisiones del Consejo de Administración, la maniobra de ayer no ha dejado de molestarles. «Lo que ha sucedido es algo que todo el mundo esperaba, sabíamos que iban a hacer alguna jugarreta o alguna cabriola circense. Han hecho un doble mortal con tirabuzón, pero sin poner una lona abajo que les ampare en la caída», advirtió Bernardo Colsa. «Es una cacicada y una sinvergonzada más. Es demencial. Con estas decisiones no se ríen del aficionado, es al acreedor al que le están chuleando el dinero», denunció el portavoz de la asociación de los pequeños accionistas (AUPA) y presidente de las peñas.
Fuente: El Diario Montañés