Quien sale mal parado en el fallo dictado por la magistrada Mar Cabrejas es Cantur. La magistrada es concluyente: una cosa es el contrato de compraventa entre Dumviro y WGA y otra muy distinta los posteriores contratos entre la empresa pública Cantur y la empresa de Alí Syed, aunque estén concatenados. Por ello especifica que se mantiene en vigor que Dumviro fue liberado de su deuda frente a Cantur ya que el empresario indio se hizo cargo de la misma. Pero en los acuerdos entre la WGA y Cantur, las estipulaciones eran otras para el caso del incumplimiento y en ningún supuesto se fijaba una posible «resolución del contrato» ante un impago.
La magistrada señala que en virtud del Acuerdo de Reconocimiento de Deuda suscrito entre las partes, la empresa de Montalbo «quedó expresamente liberada de su obligación de pago frente a Cantur y esa liberación no se puede retrotraer (y menos por el incumplimiento de WGA como nuevo deudor)». En definitiva, quien debe a Cantur es la empresa de Alí Syed. Una deuda que queda ahora en el limbo y que se aproxima a los cinco millones de euros ya que fruto de la operación inicial el Gobierno cántabro, entonces del PRC-PSOE, recibió un pago en cheque de casi medio millón de euros y un ingreso posterior de 1,5 millones al ejecutar un aval una vez incumplido el plazo del primer pago por WGA.
Mar Cabrejas describe de seguido que «al liberar a Dumviro expresamente, Cantur asumió el riesgo de que el nuevo deudor pudiese incumplir la obligación de pagar la deuda debida, sin que ello le diera derecho a volver a la situación preexistente».
Cantur sí fijó sus propias garantías por si Alí Syed le dejaba tirado, pero no la opción de romper el acuerdo. Firmó la constitución de un aval ante un primer requerimiento, la declaración anticipada de la obligación de pago y un nuevo contrato de opción de compra de las acciones a su favor (un derecho de tanteo). Pero nada se dice en el contrato de la posibilidad de «una resolución de los acuerdos por falta de pago». Cabrejas lo especifica aún más: a favor de Cantur existía una garantía, mediante aval, de 1,5 millones, y la sociedad pública tendría también el derecho de reclamar el vencimiento anticipado de la totalidad pendiente de la deuda» con lo que WGA quedaría obligada al pago inmediato de todo el importe.
Cantur optó por acudir a la vía del arbitraje, proceso en el que la empresa pública «afirmó mediante escrito no tener intención de solicitar la resolución del contrato de compraventa, ni ejercitar pretensión alguna sobre el contrato de cesión del préstamo y constitución de la prenda». Una decisión adoptada por el Gobierno del PP que no movió ficha en esa dirección y que siempre ha denunciado que los acuerdos rubricados por el bipartito PRC-PSOE han ocasionado un grave quebranto para las arcas públicas, en particular para Cantur. Por contra, el anterior Ejecutivo sí que aplicó una de las garantías: ejecutó un aval por importe de 1,5 millones de euros al expirar el plazo de pago dado por Syed.
Fuente: El Diario Montañés