El Racing, a través de su procuradora Cristina Dapena Fernández, pidió el martes al Juzgado de lo Mercantil número 1 de Santander «la sustitución de la Liga de Fútbol Profesional (LFP) de la comisión de seguimiento de acreedores» y que sea sustituida por «la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) o quien considere oportuno su señoría».
Tras la entrada en el concurso, los acreedores del club votaron que el organismo que vigilaría el cumplimiento del convenio estaría integrado por el propio club, la empresa Corelia y la LFP, ésta última a través del abogado Javier Gómez Molina. Sin embargo, ahora el club verdiblanco considera que la LFP tiene «un conflicto de intereses sobrevenido provocado por la propia LFP, por el incumplimiento de los deberes como miembro de la comisión, al denegar su colaboración en la protección de los intereses del Racing en el acceso a la tutela judicial».
El club cántabro, en un escrito al que ha tenido acceso este periódico, resume en cuatro puntos los motivos de su petición. En primer lugar argumenta que «el descenso de categoría a Segunda B supone un ecuadramiento en una división no profesional». Después, «que la LFP no es acreedor del Racing». En tercer lugar, que el organismo que preside Javier Tebas «se ha convertido en perseguidora del club, con dos denuncias ante la RFEF y tramitando un tercer expediente por su cuenta en la propia LFP para conseguir que el Huesca pudiera superar al Racing en la clasificación».
Por último, el Racing explica que la Liga no ha «colaborado en la determinación de los perjuicios económicos» por la decisión del Comité de Disciplina de no sancionar al Girona por alineación indebida.
Fuente: El Diario Montañés